En caso edifico Alpes la Corte Suprema determinó que no existió de parte del municipio actos arbitrarios o ilegales.

La corte Suprema dicto sentencia, sobre el caso Edifico Alpes, en cual los vecinos del sector Rucatremo, interpusieron un recurso de protección con el fin de dejar sin efecto y/o anular el certificado de Recepción Definitiva del edificio Alpes, construido por la constructora Rucalhue. Luego del rechazado del recurso en la Corte de apelaciones de Talca, las demandantes, Leyla Saez Muñoz y Marta Cornejo Vial, apelaron al máximo tribunal del país, donde en la Tercera Sala los juristas en fallo unánime, determinaron que no existió un acto arbitrario o ilegal por parte de la municipalidad de Curicó que afectaran garantías o derechos a los recurrentes en el caso del edificio Los Alpes.

Al respecto se refirió el abogado del municipio curicano Juan Barrera, quien agregó que “en relación con el recurso de protección ya no hay otro que proceda en contra de lo dictaminado por la Corte Suprema. Nosotros paralelamente, en cumplimiento de un dictamen de contraloría, a través de la dirección de obras, estamos realizando un procedimiento de invalidación, que está paralizado, ya que los mismos demandantes, interpusieron una nueva demanda en la justicia civil y mientras ellos no se pronuncien sobre las acciones de este proceso invalidatorio, necesariamente por mandato de la ley debe quedar suspendido”.

La otra acción judicial interpuesta hace algún tiempo en la justicia civil por parte de Saez y Cornejo, solicita que se declare la nulidad del permiso de edificación otorgado por el municipio para construir el edificio Los Alpes.

“Desde nuestra perspectiva el permiso fue otorgado de acuerdo a la ley y por eso, nosotros pensamos que en esta nulidad cuando se tramite todo el procedimiento, va a quedar en evidencia que se ajustó a la legalidad vigente”, dijo,

Al ser consultado el abogado de la municipalidad, si influye este dictamen de la Suprema, en la otra acción judicial, indicó que es un antecedente que se hará presente ante las instancias civiles, que son acciones distintas, pero se fundan en los mismos hechos.

“Es importante que la comunidad sepa que la municipalidad ha cumplido con la normativa vigente, sobretodo en este tipo de situaciones. A nadie le gustaría tener un edificio de vecino, pero si las personas que están construyendo cumplen con los requisitos legales, no es legítimo negarles el permiso. A nosotros como municipio nos corresponde velar por el cumplimiento y que los actos administrativos se sometan al imperio del derecho y en este caso la corte ratifica que la acción de las instancias municipales ha estado enmarcada dentro de lo que corresponde a la legalidad. Estamos tranquilos porque como municipio hemos actuado correctamente en esta materia”, enfatizó.